Dentro de los trabajos que se han vuelto habituales en los últimos años por parte de funcionarios públicos que ocupan algún puesto de elección popular como titulares de un Estado o Municipio, es denunciar a quienes les antecedieron en el encargo.
Desde marzo de 2015 el hoy gobernador del estado Jaime Rodríguez Calderón, navegó con la bandera de hacer justicia y meter a la cárcel a quien resultara culpable de los desfalcos ocurridos al estado. (Entiéndase Rodrigo Medina)
Fue en enero cuando arranca formalmente los trabajos de la Fiscalía Anticorrupción cuyo subprocurador, (de dicha dependencia) mencionó haber detectado al menos 100 casos de corrupción de la anterior administración que serían ventilados en aproximadamente 60 días. El plazo hoy está por vencer, y la administración estatal está más que alejada de evidenciarlos y mucho menos de tomar acciones en contra de quien resulte responsable.
Por otra parte, recién iniciaba marzo cuando el Secretario de Ayuntamiento de Monterrey, Genaro García, en representación del Alcalde Adrián de la Garza, aparecía en las Instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción para denunciar presuntos desvíos de recursos cometidos en la gestión de la ex Alcaldesa Margarita Arellanes Cervantes.
La denuncia según comentó el Secretarios es “de hechos” “contra quien resulte responsable” (Entiéndase Margarita Arellanes Cervantes)
Lo cierto es que a todas luces la raza vemos anomalías de distintos colores y sabores, y lo que no vemos es justicia, siempre, los funcionarios de altos mandos parecen estar justificados por la ley, quizá sea por las cuantiosas sumas millonarias que pagan a sus abogados, o quizá porque en realidad no cometieron estos actos de los cuales son inculpados y dieron lo mejor de sí con el único fin de hacer de nuestro entorno, un lugar mejor.
Sea cual sea la razón, el aparente morbo de la ciudadanía por ver a funcionarios de primer nivel encarcelados parece ser el principal objetivo que lo que realmente importa; estamos siendo agraviados por quienes dicen representarnos; estamos siendo hurtados por quienes dicen administrar los recursos públicos; estamos siendo engañados por quienes dicen “guardar y hacer guarda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de del N.L., y las leyes que de ellas emanen”. Su juramente de “desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo les ha conferido”, parecen ser únicamente palabras románticas y actos protocolarios, pues queda claro que ni la Nación y mucho menos el Estado lo demandan.
Y la culpa no es de quienes dicen ser políticos, la culpa es de quienes nos decimos ciudadanos del estado mexicano, el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano señala: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”
El final ya es conocido sobre que va a pasar con los actos de corrupción, espero y me equivoque.
¿Qué estamos esperando para modificar la forma de gobierno?
