El Plan Nacional de Desarrollo es el documento rector del gobierno federal. Ahí se traza la ruta para el sexenio, se identifica la filosofía política, la ideología, el eje sobre el cual gira el gobierno y las políticas públicas por implementar. Es la Biblia en la administración pública federal.
La ley de planeación decretada por Miguel de la Madrid es el instrumento rector al elaborar la planeación propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Según la más reciente modificación a esta ley, en su artículo 21 señala que el próximo presidente (2024) tendrá tres meses para entregar su PND. Por lo pronto el gobierno de AMLO, en conformidad con el segundo artículo transitorio en la reforma del 2018, tiene hasta el 30 de abril para presentar el documento al poder legislativo.
La convocatoria llega tarde (en marzo). Deja sólo dos meses para la consulta a los mexicanos y redacción del documento. Esto implica una de dos cosas: saldrá un documento improvisado, sobre las rodillas, o ya está todo armado y solamente se cubren las formas de ley al convocar a la participación ciudadana. El PND se enmarca en las acciones de gestión estratégica para la administración pública. Quienes hemos tenido la oportunidad de coordinar estos trabajos para algún gobierno municipal, estatal o federal, sabemos que implica la planeación estratégica y la proyección de resultados conforme a objetivos y metas concretas.
Cada gobierno elije la estructura del documento, los ejes son los mismos y sólo cambia el nombre asignado. El PND debe incluir políticas públicas que impacten en la gobernabilidad, la estabilidad social y el desarrollo económico. Dadas las características del país, otros ejes ineludibles son transparencia, cultura de la legalidad, equidad de género, pobreza, cultura por la paz, sostenibilidad y sustentabilidad ambiental. El PND del sexenio lópezobradorista se conforma por tres ejes: justicia y estado de derecho, bienestar, y desarrollo económico. A estos ejes coloca en transversalidad los ejes de género, combate a la corrupción y desarrollo sostenible. La transversalidad significa que en todas las políticas públicas por implementar en alguno de los ejes principales o verticales como lo es el de política y gobernabilidad, se incluirán elementos de equidad de género, corrupción y sostenibilidad.
La diferencia entre el PND y otros del pasado no son los fundamentos sobre los cuales versa, sino el método, el enfoque y las finalidades que se buscan con los programas por ejecutar en cada eje. Todos los gobiernos previos diseñaron políticas públicas en materia de desarrollo social, humano o bienestar. La forma de alcanzar este bienestar o desarrollo es lo que diferencia a cada uno y su administración pública. Esa es la ´´letra chiquita´´ o sello personal de cada gobierno. Por ley, el PND debe coordinar acciones con las entidades federativas; en consecuencia, el documento debería contener, por obligación, un eje de federalismo incluyente, pero hasta el momento ninguno lo ha establecido.
Nada nuevo en el PND. En todo caso, podría haber innovaciones propias de un gobierno democrático, republicano y competitivo en la globalización. La planeación estratégica es la base de la eficiencia y mejora continua, es el punto de partida para la medición de los logros y alcances. El informe presidencial parte de lo plasmado en el PND para que el pueblo conozca si se logran las metas o está fallando la administración pública, pero de eso nadie se acuerda el día del evento. Todos –políticos, partidos, gobierno y medios– se centran en la grilla, en el mensaje político y queda de lado lo valioso que representa conocer si se cumplen o no los objetivos proyectados. Los legisladores tienen un área de oportunidad en la Ley de Planeación. Es pertinente una reforma que incluya en el PND ejes transversales sobre federalismo, impulso a la historia y la cultura, innovación tecnológica gubernamental, derechos humanos, participación ciudadana, reformas legislativas requeridas y otros aspectos, los cuales, en la práctica, hacen viables o dejan en buenas intenciones un plan nacional, estatal o municipal de desarrollo.
