En México tenemos una crisis seria de discordancia en tres temas que son el soporte de la sociedad y el Estado. Las leyes, la justicia y la ética caminan por rumbos distintos.
La justicia pretende lo correcto, el equilibrio entre las partes involucradas en todo conflicto social, político, económico, comercial, penal o familiar.
La moral, al igual que la ética, aportan elementos a la definición de lo justo, delimitan las decisiones personales que afectan a un grupo social, ya sea pequeño como una familia o tan grande como una nación.
Las leyes debieran ser la representación gráfica, escrita y pública de las definiciones de justicia y establecer las permisividades y restricciones a las que nos constreñirnos al cohabitar dentro del marco del contrato social.
Parecerá ociosa la anterior disertación, pero los acontecimientos resultantes de la elección del 1 de julio y saber que una madre fue encarcelada por dar una “cueriza” a su hijo, abren el debate sobre el divorcio en materia de leyes, justicia y ética, de los individuos dentro de la sociedad, entendiendo que la ética regula los valores axiológicos de un grupo social.
Terminaron las elecciones y empezó un debate legal, sobre la validez de los resultados electorales. Supuestas irregularidades mantienen en indefinición las elecciones de Monterrey y Guadalupe, y motivan a que, al Congreso local, lleguen diputados quienes cuatro días atrás, lamían sus heridas electorales.
Las resoluciones de la Comisión Electoral en Nuevo León sobre las elecciones de los dos municipios más importantes, electoralmente hablando, fueron apegadas a la legalidad, luego objetadas por el Tribunal Electoral de Nuevo León quien revirtió el resultado en un controvertido dictamen apegado a la legalidad. Ahora el litigio sigue en los tribunales federales y la respuesta también será apegada a la legalidad, cualquiera que ésta sea. ¿Tres verdades jurídicas diferentes?
De las tres, no todas serán justas ni éticas, aunque sí legales. Cual sea el resultado, el daño a la justicia y a la ética están hechos.
Todo se reduce a que la ley electoral es legal porque cumple con los requisitos constitucionales para que lo sea, no porque responda a las necesidades de la sociedad que regula; este es el centro del problema.
Las autoridades electorales resuelven apegado a derecho, sin embargo, sus resolutivos son ambiguos o impredecibles para cualquier jurista, esto porque las leyes son imprecisas, abiertas a las interpretaciones y dúctiles al criterio de quienes las imparten.
Esto hace presumir, existen decisiones basadas en intereses de grupo y no en el fundamento de la justicia; simple, decisiones oscuras, opacas y sesgadas.
Toda la crisis de legitimidad que padecerán los próximos alcaldes de Monterrey y Guadalupe, indistintamente de quien designe la autoridad -no quien haya necesariamente ganado en las urnas-, es resultado de leyes disruptivas a la justicia, ajenas a la ética pública y a la moral de los ciudadanos. ¡Todo sería simple si la legislación fuera clara, concisa, precisa y entendible!
En otro tema está la mamá que propició una reprimenda a su hijo de 10 años y que terminó encarcelada por no acudir a las firmas ante el juzgado luego de ser responsabilizada por el delito contra su hijo.
Para fortuna, los derechos humanos han evolucionado, de nuevo las leyes que los protegen, marcan diferencia entre ley, justicia y ética o moral.
Nada justifica la violencia contra un menor, hay diferencia entre correctivos y violencia, pero el caso parece más del campo de la psicología o la psiquiatría, que del derecho. Pues para la ley no hay diferencia entre correctivo y violencia.
Hemos perdido el rumbo, permitimos que los legisladores hagan su trabajo conforme a agenda mediática de momento y no con visión de Estado. Permitimos que hagan leyes absurdas, inoperantes o contrarias a la ética y la justicia.
Ahora que inicia una nueva legislatura, es tiempo que exijamos resultados a los diputados y senadores, leyes congruentes con la justicia y la ética de la sociedad mexicana.
