Recientemente se presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la legislación en materia de gastos a partidos políticos. Es que México tiene una democracia onerosa.
Tatiana Clouthier y su coordinador parlamentario, Mario Delgado, presentaron una iniciativa para disminuir en 50% el gasto a partidos políticos en «tiempos de paz». Ellos no lo llamaron así, sino ´´tiempos ordinarios´´, es decir en tiempos de intercampañas.
Por su parte, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, diputado moreno, presentó la iniciativa donde busca la extinción de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) que, según la Constitución en su artículo 41, apartado C, son apéndices del INE o sucursales estatales: «En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución» (Art. 41, Constitución).
El asunto estriba que en las entidades subsisten las Comisiones Estatales Electorales, como es el caso de Nuevo León y los Institutos como sucede en Tamaulipas. El nombre cambia pero su función es la misma: regular las elecciones locales en las entidades.
En tiempos del finado IFE, las elecciones federales eran competencia de la delegación del IFE en las entidades. Con la mutación a INE, la legislación dice que todas las elecciones son responsabilidad del INE pero en la práctica pagamos las comisiones estatales y a ellas exigimos cuentas.
Actualmente el problema radica en que la Constitución dice una cosa y la realidad otra. Existe el INE que debe organizar y regular la vida del sistema político en México, pero también las OPLES que en teoría organizan todo en los estados, pero también las Comisiones o Institutos electorales con la misma tarea que las OPLES en las elecciones locales, hay duplicidad de costos.
Los costos se duplican al tener dos aparatos públicos haciendo la misma función, pero además creciendo en sus costos de operación año con año.
Habrá quien diga que las funciones de una OPLE y los organismos estatales son distintas. Pues la respuesta es simple: la ley dice otra cosa y en teoría, ni las constituciones locales ni otra ley alguna está por sobre la Constitución de México.
Junto a la duplicidad de tareas, están los gastos excesivos que se erogan anualmente.
Según datos de la iniciativa del diputado Gutiérrez Luna, en el año 2018 se gastaron $24,200 millones de pesos en el INE, y para el 2019 la cifra supera los $16,300 millones de pesos. ¿En qué se gasta el 67% del recurso empleado en el año electoral presidencial? Algo hay que huele mal en el INE, pero casualmente nunca se conocen los resultados de las auditorías.
Por muy autónomos que sean organismos como éste, su burocracia cobra como la mejor y cohabita entre el nepotismo, el amiguismo, el influyentismo y las prebendas.
A las cantidades anteriores sume $14,000 millones que se gastaron en las OPLES que son como esferitas de navidad, pues el peso de las elecciones en los estados lo llevan los organismos locales; éstos que tienen su propio presupuesto.
Los partidos políticos entre el 2018 y 2019 cuestan $12,000 millones de pesos. Si los legisladores y sus partidos fueran sensibles, de ahí saldrían los $2,000 millones faltantes para las guarderías, otro tanto para los programas contra la violencia contra la mujer y varios programas más.
Anualmente el costo de la democracia en INE, sucursales y los partidos políticos aumenta en proporción superior a la inflación que nos venden las instituciones gubernamentales.
México tiene una pésima democracia, provocada por la debacle de los intereses políticos de los actores y sus partidos que siempre dejan lagunas o recovecos por donde violar la Ley.
Junto a la inoperante legislación, las instituciones democráticas son poco confiables, no garantizan la transparencia ni legalidad de los procesos. Casos donde ejemplificar están en 2015, 2016, 2017 y 2018. En cada año hubo procesos turbios, justificados por la ley mas no por la justicia, mediando siempre respuestas legaloides de la autoridad electoral.
¿Tenemos democracia en el país? Es difícil de responder, pero lo que hay –se llame como se llame– cuesta más de lo que vale. Es un producto caro, de mala calidad y con encargados del mostrador más marrulleros que ´´El Tirantes´´ de la AAA.
